Las nuevas sucursales del Banco del Bienestar, sin racionalidad económica
Publicada el Mie, Ene 29, 2020

Por Humberto Aguilar Coronado.

Uno de los más recientes anuncios de política pública del presidente López Obrador, que lo muestran y exhiben de cuerpo entero, es la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

El diagnóstico del gobierno parece acertado porque es cierto que una importante mayoría de la población está excluida de los servicios bancarios y esta exclusión impacta de manera directa y decidida en los índices de desigualdad, discriminación e injusticia que vivimos en México.

Frente a este diagnóstico, puntual y acertado del Gobierno de la República, sería razonable esperar la valoración de una serie de alternativas que permitieran responder a la premisa derivada del diagnóstico, es decir, qué medidas, acciones y estrategias desarrollar para permitir el acceso a los servicios de la banca de la población excluida de ese servicio.

Si por bancarización entendemos el nivel de utilización de los servicios bancarios que se realizan dentro de la economía, parece evidente que la primera tarea de diseño de las políticas públicas anunciadas sea la de determinar cuáles servicios bancarios se intentan hacer accesibles a la población excluida.

Pero el discurso presidencial nos informa que los servicios que proporcionarán las nuevas sucursales serán la de pagadores de los programas sociales.

El Presidente, en su conferencia de prensa del 6 de enero, informó que las primeras mil trescientas cincuenta sucursales que se edificarán en este año, servirán para que “la gente que está recibiendo su apoyo, como personas mayores, becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro… es decir, todo lo que dispersamos, se pueda acercar, es decir, en las comunidades más cercanas”.

Conforme a lo expuesto por el Presidente, el propósito de las nuevas sucursales del Banco del Bienestar es, principalmente, acercar los lugares de pago de los programas sociales a las comunidades en las que no existen sucursales bancarias.

Es evidente que la construcción de sucursales propuesta por el Gobierno de la República no está diseñada para hacer accesibles servicios bancarios a las comunidades excluidas de esos servicios.

Y esto lo podemos afirmar si revisamos el objeto del Banco del Bienestar, porque dicha institución se presenta como la herramienta a partir de la cual se lograrán los siguientes propósitos: a) fungir como el principal dispersor (es decir, pagador) de los recursos de programas sociales del Gobierno federal; 2) en su carácter de banca social, promover y fomentar el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país; 3) facilitar el acceso al financiamiento de primer y segundo piso; y 4) impulsar la inclusión financiera con perspectiva de género y tomando en cuenta a las comunidades indígenas.

Según información del propio Gobierno de la República, consultable en su página de internet, para alcanzar esos objetivos, el Banco del Bienestar tiene presencia en las localidades más alejadas y marginadas del país, ya sea de manera directa a través de su red de sucursales, o de forma indirecta mediante convenios o alianzas institucionales y comerciales con corresponsales o empresas privadas, o con cooperativas y cajas de ahorro que forman parte de L@Red de la Gente.

Conforme a esto, destinar 10 mil millones de pesos para la construcción de sucursales bancarias que van a prestar el mismo servicio que hoy se presta mediante distintos mecanismos ya resueltos por el Banco del Bienestar, no parece una decisión racional desde el punto de vista económico.

Estoy seguro de que observar decisiones del Gobierno federal que parecen irracionales desde el punto de vista económico, ya forma parte de la cotidianeidad de nuestra vida pública.

Por lo tanto, suponer que la crítica que se sustenta en demostrar esa irracionalidad provocará que el Presidente o su gabinete se detenga un momento para reevaluar sus decisiones, es una quimera.

Avancemos en la crítica. La decisión que analizamos pretende justificarse desde el enfoque de las políticas de las acciones igualadoras propias de una política social.

Si ese fuera el caso, si lo que pretende el Presidente es que, de verdad, las y los mexicanos excluidos de la economía formal, tengan acceso a los servicios bancarios, no puede ser suficiente con que se construyan sucursales a menores distancias de sus hogares. Se necesita, como mínimo, que el Presidente explique qué estrategias y políticas se ejecutarán para fomentar el ahorro de los destinatarios de programas sociales; qué estrategias se ejecutarán para poner al alcance de ese sector de la población el acceso a créditos y a mecanismos de financiamiento; en fin, cómo se logrará que los beneficiarios de programas sociales se incorporen al universo de la población bancarizada con acceso a los servicios mínimos de ahorro y crédito que son propios de la banca. Nada de eso se obtiene construyendo más sucursales bancarias.

Nuevamente el Gobierno de la República encomendará al Ejército la construcción de esas sucursales. Ya sorprende que se abuse de la lealtad y disciplina de los soldados mexicanos para encomendarles tareas absolutamente alejadas de sus funciones constitucionales y legales.

El hecho de que obedezcan no significa que el Presidente tenga derecho a encomendarles tareas para las que no están al servicio del Estado. Ningún otro gremio permitiría que se le tratara de esta forma, pero como en el caso de las sucursales bancarias que no servirán para promover el acceso de la población excluida a los servicios de la banca, el abuso en contra de nuestro ejército parece ser parte del modus operandi del presidente López Obrador.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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