La institución municipal en el acontecer político actual
Publicada el Mar, Dic 11, 2018

Por Jorge Zermeño Infante.

La vida política de México se conforma de diversos fenómenos cuya naturaleza y efectos han marcado un parteaguas en el renacer de nuestro país. Hemos pasado de un federalismo regionalista emanado de la Constitución de 1824 a uno liberal producto de la Carta Magna de 1857, que fue la antesala del federalismo centralizador concebido en la Ley Suprema de 1917.

Este último terminó por dotar de amplias facultades, tanto constitucionales como metaconstitucionales, al titular del Poder Ejecutivo federal, a tal punto que el sistema de pesos y contrapesos elemental en un régimen como el nuestro se vio limitado por un presidencialismo que colocaba a su protagonista por encima de los demás miembros del Estado e incluso de los titulares de los otros órdenes de gobierno.

El agotamiento de este sistema se dio como producto de los abusos y prácticas antidemocráticas que la sociedad padeció durante los años del partido hegemónico, años en los cuales los partidos de oposición luchamos desde nuestras posibilidades para alcanzar el respeto a la pluralidad de ideas y el sufragio efectivo.

La etapa clásica del Sistema Político Mexicano culmina luego de la represión al Movimiento Estudiantil de 1968 y de la reacción tenue y desinteresada del Gobierno federal tras el sismo de 1985. Resultó entonces necesario llevar a cabo las reformas constitucionales correspondientes para transparentar los procesos electorales y de esa manera permitir a los demás partidos ganar espacios en los cargos más representativos de nuestro sistema.

El cenit de la pluralidad política se deja ver en 1989 cuando Ernesto Ruffo Appel gana la gubernatura de Baja California y algunos años después, en 1997, cuando se conforma en la Cámara de Diputados el primer bloque opositor al partido en el poder; suceso histórico que antecedería la transición partidaria del Ejecutivo Federal en el año 2000. Contábamos para esa fecha con una instancia autónoma encargada de celebrar las elecciones y con una democracia perfectible que se fortalecía lentamente hasta llegar a nuestros días.

Y es precisamente en esta última elección presidencial cuando la ciudadanía decide favorecer por primera vez en las urnas a un partido de corte izquierdista. Sin embargo, las primeras acciones del nuevo gobierno han manifestado una postura en contrasentido al federalismo y desconocimiento de los gobiernos municipales y estatales como pilares del desarrollo nacional.

Entre éstas se encuentra la creación de los Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo, que se abrió paso como consecuencia de las modificaciones recientes a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.

Los llamados “Súper delegados” reciben la atribución de operar los programas sociales de la administración federal en diversas materias, supervisando el cumplimiento en la prestación de servicios y trámites ante las dependencias federales en las entidades. El riesgo es que han sido dotados de amplios poderes de negociación con los Gobernadores, ya que sus funciones no quedaron del todo limitadas en la norma y constituyen una autoridad intermedia entre estos últimos y la federación.

En este mismo sentido, el Plan para la Paz y Seguridad del nuevo Gobierno federal permite que los “Súper delegados” puedan inmiscuirse en cuestiones de seguridad que corresponden por ley, tanto a los Estados como a los Municipios, en sus respectivos marcos de actuación.

A la par de lo anterior, el nuevo gobierno creará un organismo de seguridad denominado Guardia Nacional, el cual estará conformado por efectivos de las policías Militar, Naval y de la Policía Federal; se encargará de la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia.

Su aplicación va en contra de la fracción VII del 115 constitucional que faculta a los presidentes municipales para dirigir a la policía preventiva; asimismo, del artículo 21 que enuncia a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, comprendiendo la prevención de los delitos, la investigación y persecución en las respectivas competencias que la Constitución les señala.

Acciones como estas nos encaminan hacia un retroceso que tiene como fin último la concentración de poder y lo que es peor, el desconocimiento de la soberanía de los Estados, evitando que estos últimos en conjunto con los Municipios jueguen un papel de contrapesos reales en nuestro régimen político.

En la ANAC estamos convencidos de que la naturaleza de los órganos de gobierno es la de coordinación, corresponsabilidad y apoyo subsidiario para impulsar el desarrollo de nuestro país; por ello, hacemos un llamado al Presidente y a los Legisladores para que escuchen todas las propuestas en torno a los grandes problemas nacionales.

Desde los gobiernos humanistas proponemos, a diferencia de la Guardia Nacional, sea tomada en cuenta la iniciativa por el Mando Mixto Policial que hemos venido impulsado desde el 2015 y que está en favor de la adecuada coordinación entre los cuerpos de policía de los tres órdenes de gobierno, respetando el marco de actuación de cada uno y promoviendo además el fortalecimiento, la tecnificación y la inteligencia policial.

De igual modo exhortamos que sea replanteada la figura de los “Súper delegados” y sus atribuciones vayan acompañadas de mecanismos que regulen su actuación y se garantice el respeto a la autonomía de los Estados y Municipios, además de que no se violente el pacto federal.

Es tiempo de continuar hacia adelante, de mirar de frente los desafíos que tiene el país, siempre en aras del bien común y del fortalecimiento de los Municipios, porque Municipios Fuertes harán posible un México fuerte.

Jorge Zermeño Infante, es presidente municipal de Torreón, Coahuila.

Twitter: JZERMENOI

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