La debilidad institucional de la nueva CNDH
Publicada el Mie, Dic 11, 2019

Por Humberto Aguilar Coronado.

 

El sistema legal es inevitable y benéfico porque constituye el armazón que sostiene a la comunidad. Cartilla Moral difundida por el Gobierno de la República.

 

El sexenio de Peña Nieto se caracterizó por una profunda crisis de derechos humanos que movilizó a la sociedad, provocando manifestaciones callejeras y públicas de resonancia mundial, reacciones internacionales que señalaban con gravedad la forma de comportarse del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, y señalamientos puntuales de los organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana y la propia Organización de las Naciones Unidas.

El contexto en el que se desata esta crisis de violación de derechos humanos es el de la violencia generalizada en México en virtud de la cual las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) se hacen cargo de la seguridad pública en vastos territorios del país ante las debilidades institucionales de las autoridades estatales y municipales, que no tienen capacidad de respuesta frente al fenómeno delictivo o que, en el peor de los casos, ha sido cooptada por las organizaciones criminales.

A lo largo y ancho del territorio mexicano los bienes más preciados del ser humano, su vida y la de los suyos, la integridad y la libertad, se precarizaron y cualquier persona, en cualquier momento y bajo las condiciones más increíbles, podía ser abatido a balazos, severamente lesionado, ilegalmente detenido y hasta desaparecido en la lógica de las necesidades del combate a la delincuencia.

En esta situación de peligro latente fuimos testigos en México de un proceso de racionalización de las lesiones, la muerte o la desaparición de personas a partir de una lógica de justificabilidad o inevitabilidad de daños fundada en que los caídos –cuando no eran miembros de las Fuerzas Armadas- eran integrantes de los grupos del crimen organizado contra los que el Estado mexicano estaba, prácticamente, en guerra.

La conciencia colectiva y la opinión pública aceptaron de buen grado la idea de que las víctimas de la violencia eran criminales, cuya muerte o daños empezaron a ser aceptables para la sociedad.

La facilidad e impunidad con que muchas mexicanas y mexicanos pudieron ser asesinados, desaparecidos, torturados y secuestrados, reflejaron a una sociedad en la que los derechos fundamentales de las personas eran protegidos de manera distinta e inequitativa, dependiendo de las diferencias entre las propias personas.

Fincó sus reales una sociedad en la que pertenecer a determinada clase social, ser de determinada etnia, de determinada región o de determinado nivel de ingreso o capacidad adquisitiva, podría significar la tolerancia a las fuerzas del Estado para, impunemente, matar, desaparecer, lesionar y torturar personas.

En un país en el que la violencia siempre ha estado presente se instauró una lógica de la “justificación” que afectaba de manera especial a grupos sociales bien definidos: indígenas, campesinos, jóvenes de zonas marginadas en el campo y en las ciudades. Además, esa violencia, empezó a afectar a grupos sociales que levantaban la voz y reclamaban por el comportamiento de los órganos del Estado: periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos o de los recursos naturales.

Hacia finales del año 2013, la muerte causada por órganos del Estado era explicada y racionalizada socialmente como bajas debidas a las actividades a las que se dedicaban las víctimas, es decir, esa violencia se justificaba criminalizando a las víctimas.

En ese entorno sucedieron dos fenómenos que habrían de inaugurar la discusión pública en México sobre la importancia de los órganos encargados de garantizar la vigencia de los derechos humanos. Los hechos fueron, primero, la matanza de Tlatlaya del 30 de junio de 2014 en la que la muerte de 22 personas se presentó como resultado de un enfrentamiento armado de un grupo criminal en contra del Ejército y, en segundo término, con menos de tres meses de diferencia, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en manos de policías municipales de Iguala, cuya suerte aún hoy desconocemos.

Estos hechos despertaron la furia acumulada del pueblo de México con absoluta radicalidad. La apuesta por generar explicaciones o justificaciones en las que las víctimas merecieran su destino a partir de su criminalización demostró, muy rápidamente, que era insuficiente y ridícula. México vivió momentos de crisis gravísimas que paulatinamente fueron cobrando costos políticos al Presidente Municipal de Iguala, al Gobernador de Guerrero y al Procurador General de la República.

En ese punto de quiebre se tuvo que tomar una gravísima decisión: o la apuesta seguía en la protesta violenta hasta alcanzar el máximo nivel de responsabilidad posible, o se apostaba por las soluciones institucionales.

Para inclinar el resultado de esa apuesta la existencia y nivel de profesionalización de los órganos de protección de derechos humanos resultó fundamental. Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como el grupo de expertos creado a partir de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resultaron fundamentales para institucionalizar el conflicto, reducir los niveles de protesta violenta y, sobre todo, alimentar actitudes de confianza en la gestión de organismos autónomos e independientes.

En México pudimos ver, paso a paso, el desarrollo de investigaciones forenses, criminales y jurídicas de la más alta calidad, cuyos resultados no sólo ponían en evidencia las contradicciones y falsedades de las investigaciones de los órganos oficiales del Estado, sino que se convertían en las más poderosas fuentes de esperanza de justicia para los familiares, para México y para todas las personas que alrededor del mundo nos miraban con atención.

Me atrevo a afirmar que los documentos generados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso Tlatlaya y por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes, hoy pueden ser estudiados como pilares de la Defensa de los Derechos Humanos y constituyen una extraordinaria fuente de legitimidad para esos organismos, ya que tras muchos años de existencia los mexicanos pudimos creer, con plena confianza, en el valor de un órgano autónomo protector de derechos humanos.

Por ello, más allá de la discusión sobre la legalidad del proceso de designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de las traumáticas experiencias de hace unos pocos años, estamos obligados a reflexionar si un capricho presidencial o de partido lastimó de manera tan grave la legitimidad de nuestras instituciones de protección, a tal grado que las estén eliminando como herramientas para alcanzar las metas fundamentales de nuestro sistema de justicia, es decir, para eliminar la impunidad y para garantizar la no repetición.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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