La Constitución pisoteada
Publicada el Jue, Oct 24, 2019

 

Por Humberto Aguilar Coronado.

En los últimos meses se ha escrito y discutido ampliamente sobre el riesgo que la democracia mexicana enfrenta si se consolida la tesis de que el Gobierno de la República intentará, por medios legales, legislativos, políticos e, incluso, extralegales, aumentar la concentración de poder que hoy detenta el Ejecutivo Federal.

Los resultados de la elección federal prendieron los primeros focos. Por primera vez, en más de veinte años, la sociedad mexicana optó por entregar mayorías absolutas en las Cámara del Congreso de la Unión al mismo partido al que le otorgó la Presidencia de la República.

En ese primer escenario fuimos testigos de una serie de estrategias de operación política que poco a poco fueron otorgando al partido del Presidente la mayoría calificada, por lo pronto, en la Cámara de Diputados.

En la otra Cámara, el pequeño bloque de senadoras y senadores que no son controlados por el partido mayoritario es frágil. Es cierto que unidos tienen la capacidad de frenar reformas constitucionales, lo que les otorga un valor muy importante en cualquier estrategia de defensa de las instituciones democráticas; sin embargo, no se trata, ni mucho menos, de un grupo homogéneo que persiga y defienda valores e intereses comunes. Sus integrantes provienen de distintos partidos políticos, cuyas dirigencias anuncian diferentes maneras de relacionarse con el régimen y permiten suponer que puede ser fragmentado por el Gobierno en muchas votaciones.

En este punto, los analistas enfatizaban la potencia del mandato del Gobierno de la República basado, más allá de popularidades y apoyos, en el control del Poder Legislativo que, desde el principio, se ha asumido como la bancada del Presidente sin asomo de crítica.

En una segunda fase fuimos testigos de la estrategia, que rayó en la frontera de lo legal y lo ilegal, de presionar a los órganos autónomos. La Comisión Reguladora de Energía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, por mencionar algunos, fueron objetos de presiones, destituciones y recortes presupuestales que, sin margen de duda, se propusieron limitar su capacidad de influencia.

Hasta entonces las voces de alerta anunciaban que México se encontraba en vías de desarrollar una democracia electoral sin contrapesos suficientes.

Pero aún en ese escenario, gracias a la actuación del Poder Judicial en los casos paradigmáticos del inicio del sexenio, es decir, la revisión de la constitucionalidad de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la gestión de las demandas de amparo en el tema de los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco, se mantuvo el consenso de que las instituciones republicanas serían capaces de contener el apetito de concentración de poder del Presidente de México.

El caso Medina Mora acaba de demostrar que la confianza en la capacidad de resistencia del Poder Judicial era, por decir lo menos, muy leve.

La mayoría de los análisis se han centrado en tratar de dilucidar si el ex ministro Medina Mora fue presionado para renunciar o no. En el saldo de la opinión pública quedan la negativa categórica del Presidente, la sospechosa intervención de Santiago Nieto, la vergonzosa postura del resto de los ministros y, sobre todo, del presidente Zaldívar y la condescendencia del Senado.

Sin embargo, el texto constitucional que rige para procesar la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos impone, como sociedad, el deber de preocuparnos por su cumplimiento.

El artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina de manera categórica que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente procederán por causas graves.

La disposición en comento fue pensada por el Constituyente para generar un muro defensivo a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Nadie, absolutamente nadie, puede decretar la procedencia de una renuncia de un ministro de la Corte si no queda plenamente justificada la causa grave.

Los constitucionalistas cuentan con un gran herramental para definir las causas graves y el texto del artículo 98 determina el procedimiento de calificación, en el cual se hace intervenir a los otros dos poderes de la unión para garantizar que la defensa de la autonomía del Poder Judicial tenga las mayores garantías posibles.

Si quisiéramos hacer una afirmación irrebatible esta sería que el presidente y el senado no pueden decretar la procedencia de una renuncia de un ministro de la Corte si no queda plenamente justificada socialmente la causa grave.

La historia es conocida, el ministro dimitente omitió hacer explícita la causa, grave o no grave, por la que decidió renunciar. El Presidente recurrió a sus comunes malabares verbales para decir que aceptaba la renuncia porque suponía cuál era la causa grave. El Senado informó que consultó en privado al ministro para que manifestara si deseaba comparecer al Senado a exponer la causa de su renuncia y, ante la declinación, decidió respetar el ¡derecho al silencio! de Medina Mora.

El resto de los ministros de la Corte guardaron un ominoso silencio a pesar de que se estaba atentando contra una de las reglas constitucionales en que se sustenta la independencia del Poder Judicial. No sólo de los ministros de la Corte, sino de todos los jueces y magistrados que integran ese poder.

Seguramente existen múltiples causas para la renuncia de Medina Mora. Pero ninguna es tan grave como la falta de respeto de los poderes de la unión por nuestra Constitución. Medina Mora sólo podía irse si quedaba clara a los ojos de la sociedad mexicana que existía una causa grave que lo justificara. Parece que el presidente doblegó el bastión que nos quedaba. Pobre México.

 

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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