Independencia, crónica de una muerte anunciada
Publicada el Mie, Nov 22, 2017

Por Miguel Ángel López Lozano.

En sus Ejercicios Espirituales, San Ignacio de Loyola enuncia una de esas frases que han pasado a la historia como una herramienta indispensable de los grandes estadistas de occidente. Frase que Mariano Rajoy encarna a la perfección. Para algunos, la máxima ignaciana de que “En tiempos de desesperanza no hay que hacer mudanza” es sinónimo de lentitud e incluso cobardía a la hora de tomar decisiones, pero el Presidente del Gobierno español ha sabido, una vez más, manejar los tiempos como pocos dirigentes actuales, para asestar un golpe de gracia con todo el peso de la ley a las alocadas decisiones de un independentismo que, herido desde hace meses, ha resistido por orgullo a ver la realidad. Resistencia en apariencia, porque la fortaleza e inquebrantable voluntad independentista del nacionalismo catalán nos ha recordado a las grandes figuras de acera que representaban al comunismo, de aparente resistencia, pero construidas bajo cimientos de barro.

Los acontecimientos, tras nuestras últimas palabras a las puertas de una previsible Declaración Unilateral de Independencia, se precipitaron a raíz del anuncio del Gobierno de la aplicación del famoso Artículo 155, en aras de reestablecer una maltrecha autonomía catalana que quedó malherida tras la irresponsable cabezonería de la Generalitat en un Referéndum (anulado por el Tribunal Constitucional) sin pies ni cabeza, y menos aún, encaje legal en el marco jurídico español.

Pero antes de nada recordemos los antecedentes. El 6 de septiembre, el Parlamento de Cataluña, mediante un pleno cargado de polémica y con una Presidenta que usó el Reglamento de la Cámara a su antojo al servicio del independentismo, aprobó la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. La citada ley proclamaría la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales, si el “sí” obtenía más votos que el “no”, sin requerir una participación mínima. Lo que adelantaba y auguraba una posterior manipulación en la participación y conteo de las “urnas”, como se ha sabido posteriormente a raíz de conversaciones interceptadas por la Policía Nacional de los principales líderes independistas.

El 8 de septiembre, el Parlamento de Cataluña aprobó también la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que se convertiría en la norma suprema del ordenamiento jurídico de la Cataluña independiente, mientras no se aprobara la Constitución de la República. Ambas leyes fueron el acicate para que el Estado español despertara de un letargo que para algunos clamaba al cielo, y para los más cercanos al Presidente del Gobierno marcaba el hito principal para empezar a maniobrar la maquinaria legal planificada con muchísimo cuidado desde hacía meses.

La iniciativa corrió a cargo de los Tribunales de Justicia, suspendiendo el Tribunal Constitucional ambas normas tras los recursos presentados por el Gobierno de España. Pero dicha suspensión hizo que finalmente Carlos Puigdemont, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, las ignorase. A pesar de encontrarse suspendido por el Tribunal Constitucional, el referéndum se celebró el 1 de octubre, consiguiendo según la Generalidad de Cataluña un 90 por ciento de votos favorables a la independencia con un 43 por ciento de participación. Resultados amañados grotescamente, porque las redes sociales se inundaron de evidencias en las que se mostraba personas que habían votado varias veces en distintas mesas electorales, urnas en la calle en las que cualquier elector podría depositar cientos de papeletas sin control, así como el cambio de las reglas de votación 45 minutos antes de la misma. Es decir, una votación más propia de Venezuela que de un Estado de Derecho consolidado. El referéndum no fue reconocido ni por el Gobierno de España ni por la Unión Europea.

Finalmente, a pesar de la falta garantías y del cuestionamiento de los resultados, el día 10 de octubre de 2017, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, en una intervención en el Parlamento de Cataluña da a conocer los resultados del referéndum, declarando asumir “el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, para acto seguido, proponer que “el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo”.

Finalmente, comienza un guion más propio de una película americana que de una democracia occidental. El Sr. Puigdemont huye a Bélgica para evadir sus responsabilidades penales tras una querella por un delito de rebelión y sedición, mientras que deja en la estacada a sus antiguos compañeros de barco, quienes esperan en la cárcel sus procesos penales. El esperado mártir de la causa independentista se acaba convirtiendo en un cobarde que no deja de ser el hazmerreír de la comunidad internacional.

Esperemos que tras las anunciadas elecciones del 21 de diciembre, las aguas vuelvan a su cauce y este acontecimiento bochornoso quede en los libros de historia para recordarnos hasta donde llega el ridículo del ser humano cuando el adoctrinamiento supera límites insospechados.

Miguel Ángel López Lozano es analista político.

Twitter: @malopezlozano

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