Impunidad a la delincuencia
Publicada el Mie, Ene 29, 2020

Por Sergio Rodríguez Colín.

El 11 de diciembre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Amnistía que permitirá liberar a personas indiciadas, procesadas o sentenciadas en el fuero federal por aborto, delitos contra la salud y robo simple sin violencia, entre otros delitos. Durante la sesión de aprobación, el Partido Acción Nacional votó en contra de dicho dictamen, emitido por las Comisiones de Gobernación y Justicia, por considerar que la nueva ley es anticonstitucional.

Mediante un comunicado, fechado ese mismo día, el vocero del CEN del PAN, Fernando Herrera Ávila, recordó que “el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor y la Ley de Ejecución Penal ya contemplan las garantías para los delincuentes mediante la presunción de inocencia, así como distintas herramientas que fortalecen el Estado de Derecho tanto del imputado por un delito como de la víctima”.

Manifestó además que la Ley de Amnistía de López Obrador es un proyecto criminal que beneficia a los delincuentes, favorece la impunidad y deja sin justicia a las víctimas.

En ese sentido, el investigador de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, Jorge Lara Rivera, subrayó que la Ley de Amnistía no da certeza a las víctimas de algún delito, al contrario, lo único que genera es un contexto de impunidad, pues se protege a los delincuentes, quienes al verse protegidos por la ley tienen la libertad de seguir delinquiendo en prejuicio de la sociedad.

“La Ley de Amnistía debilita al Poder Judicial, a las fiscalías, pero sobre todo debilita el nuevo sistema de justicia porque una de las primicias del sistema es, precisamente, evitar las injusticias, respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y limitar en la medida de lo posible la cárcel como medida cautelar o como sanción penal”, señaló en entrevista con La Nación.

El experto en materia de seguridad mostró preocupación por dos delitos en particular: el narcomenudeo y el robo simple sin violencia. En el caso de la venta de drogas en las colonias o escuelas informó que esta nueva ley impedirá darle un seguimiento puntual a los más 100 mil expedientes que tienen las autoridades y que podrían generar un seguimiento y control de quienes venden droga en las calles de la ciudad.

“El tema no es la libertad, insisto, el tema es el control y monitoreo que debe de haber sobre esta gente, que sí lo da el sistema y no la Ley de Amnistía, es decir, la autoridad ha decidido cerrar los ojos ante este tipo de delitos que atentan en su mayoría contra la juventud mexicana”.

Con respecto al robo simple sin violencia -de acuerdo a esta nueva legislación podrán solicitar la amnistía aquellos delincuentes que roben hasta un monto de 53 mil pesos a nivel federal y de 63 mil pesos en la Ciudad de México-, sostuvo que cualquier persona que robe de manera no violenta un bien menor a esta cantidad ya tiene el perdón asegurado, lo que es una injusticia para las víctimas.

Ejemplificó que los robos de bicicletas, carteras, computadoras o celulares son delitos que ya no les importarán a las autoridades; “con esta Ley de Amnistía lo que la autoridad está haciendo es desentenderse de esos pequeños casos y quienes más la van a pagar, quienes más van a resentir esto, son los ciudadanos que a diario utilizan el transporte público o asisten a eventos multitudinarios, entre otros muchos casos”.

Suscita incertidumbre

Al cuestionarle a Jorge Lara cuál será el impacto que tendrá a futuro esta nueva legislación, precisó que esta Ley de Amnistía, junto con otras leyes que se han aprobado en el Congreso de la Unión, contravienen el desarrollo del país en los ámbitos económico, político, social y de seguridad.

Explicó que el origen del desarrollo tiene que estar sustentado en bases institucionales que pasan por la seguridad jurídica, certidumbre e instituciones que funcionen de manera correcta, para de esta forma, con solvencia, crear empleos y atraer la inversión, tanto nacional como extranjera, la cual debe venir

de manera confiada, es decir, que no haya dudas de que México es un país solvente.

“Este tipo de legislación, combinada con otras, lo que hace es que los grandes flujos de inversión, de los fondos de pensiones internacionales que son multimillonarios y que son una columna muy importante del desarrollo, pues definitivamente no van a llegar. Todas estas legislaciones lo que hacen es quitar certidumbre y cuando se va la certidumbre se va todo lo demás”.

El especialista indicó que afortunadamente para el país los indicadores macroeconómicos de inflación, reservas, tipo de cambio, disciplina fiscal, quedaron bien afincados justamente en el periodo que ahora critica López Obrador, el periodo neoliberal.

“Pero ese periodo neoliberal es el que tiene al país en un relativo orden económico, pero eso no es eterno y en una circunstancia de crisis, en una coyuntura complicada, el hecho de no tener buenas señales en el sector productivo puede agudizar un riesgo de crisis eventual; entonces, todo esto tiene en el sector transversal el tema de seguridad porque los inversionistas también resienten, al igual que los trabajadores, y vemos que a nivel mundial las inversiones van a donde se sienten más seguros”.

 

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