Ilegal licitación en la compra de acero
Publicada el Vie, Ago 28, 2020

Por Andrés Castro Cid.

La senadora por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció que Grupo Gilbert Estructuras en Acero, empresa que ganó el concurso de licitación para la enajenación por venta de acero del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, no cumplió con todos los requisitos técnicos, no presentó la carta de no conflicto de intereses y además participa en la construcción de la estructura del aeropuerto de Santa Lucía.

La legisladora añadió que en la citada licitación el aeropuerto recibió más de 90 mil toneladas de acero nuevo por un monto de 2 mil 400 millones de pesos en la entrega-recepción, proceso que no es público y sólo hay un acta, sin embargo, no se incluyen las cantidades que se recibieron por parte del Grupo Aeroportuario.

“Resulta que la empresa saca una licitación por 49 mil toneladas para desmontar el acero que ya estaba instalado, al revisar los avances de obra, 10 mil están en los funiles, 39 mil en placas de acero, 7 mil en placas de acero instaladas y 32 mil no instaladas”.

La también Secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana agregó que van a pagar 4 mil 30 pesos por tonelada, la chatarra, que no lo es porque es acero de altísima calidad, la valúan en 3 mil 500 pesos por tonelada; el acero nuevo no montado vale 25 mil pesos por tonelada, por todo ello el resultado es de 859, 500, 000, pero se pagará 197, 470, 000, el menoscabo al erario será de 662, 030, 000.

En entrevista con La Nación, la senadora destacó que al platicar con otras empresas que fueron a visitar la obra se estimó que ahí no hay más de 20 mil toneladas, por lo tanto, estamos hablando de alrededor de 32 mil toneladas que se asume es acero nuevo de alta calidad que se pretende vender como chatarra.

Frente a este panorama, Xóchitl Gálvez informó que ha presentado un punto de acuerdo en el Senado para investigar este tema, además que se presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se investigue cuánto acero recibió Grupo Aeroportuario, cuánto acero estaba instalado, cuánto estaba en bodega, cuánto acero ha entregado al aeropuerto en Santa Lucía y así saber si alguien hace mal uso de los bienes nacionales.

“Se ha presentado una denuncia ante la Función Pública para que se investigue el por qué se le asignó el contrato a una empresa que no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, ahora estoy en la espera de que la Función Pública admita mi denuncia por este caso”.

Cuestionada sobre la confianza de que la Secretaría de la Función Pública haga una investigación sobre dichas irregularidades, la senadora panista indicó que hasta ahora ha habido muy poca respuesta, pero hay que agotar los procedimientos establecidos en la ley para poder llegar a una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ahí sí pudiera ser contra los servidores públicos que han sido omisos en investigar estos casos.

Comparsa bien armada

Sobre este mismo tema, La Nación consultó al Coordinador General Jurídico del Partido Acción Nacional, Raymundo Bolaños Azocar, quien manifestó que el proceso de licitación es una comparsa muy bien armada, “le doy el contrato ganador a alguien que, por alguna razón, me interesa que se lleve la licitación y luego, por supuesto, se hace de la vista gorda para que esto camine”.

El especialista en temas jurídicos explicó que los procesos de licitación tienen un sustento legal, “una licitación tiene que arrancar con la emisión de la convocatoria que marca todos los requisitos para poder competir. Una vez cumplidos los requisitos se abre una segunda etapa para evaluación de propuestas”.

Esta evaluación, continuó, no sólo implica la parte económica, hay una parte que se denomina de idoneidad, en donde las empresas concursantes tienen que cumplir con requisitos de solvencia y de carecer de algún conflicto de interés que pueda ponerlos en una condición de ventaja respecto a los demás contendientes.

Y es aquí, apuntó, donde se complica esta situación, porque trascendió que este grupo participa en dos licitaciones, una donde compra el acero y otra donde lo vende.

“Es algo donde la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de vigilante y órgano de control en las compras del Gobierno federal, debió advertir, debió actuar”.

La Función Pública tiene dos participaciones en estos órganos: primero, como parte vigilante de los procesos de adquisición debió estar atento para poder intervenir y obligar, primero, a la entrega o, en su caso, descalificar a los contendientes.

Hay dos etapas más, hay unidades administrativas que se denominan órganos internos de control que son los encargados directos de revisar las actuaciones de las dependencias y de las secretarías, entidades, de la administración pública federal. Un órgano interno de control tiene el mandato legal de vigilar que todos los programas administrativos, incluyendo las licitaciones públicas, cumplan con el criterio de eficiencia del gasto público, que todos los competidores tengan un piso parejo y un árbitro imparcial.

Hay un tercer elemento que se denomina comisariados, éstos son los órganos de vigilancia de la citada secretaría, quienes revisan el trabajo de los órganos internos de control.

Y otra etapa es cuando el Grupo Aeroportuario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien sea el encargado directo de la obra, dé un reporte del ejercicio de gasto y, en su caso también, del ejercicio de venta, de los insumos del Gobierno federal que  tendrán que ser re-revisados.

Bolaños Azocar recordó que ya la senadora Xóchitl Gálvez ha interpuesto una denuncia para activar las funciones de la Secretaría de la Función Pública, esto cubre la primera etapa, la etapa de concurso.

“En Acción Nacional estaremos atentos a los siguientes dos procesos: primero, la actuación de la Secretaría de la Función Pública a que ejerza las facultades de vigilancia y revisen el proceso de licitación y, en su caso, declarar la nulidad y se repita la licitación para que tengan certeza. Si no es así, estaremos ejerciendo acción legal ante tribunales administrativos para solicitar la propia sanción a la Función Pública por omisa, porque es un elemento sistemático, cada vez que hemos pedido la intervención de dicha secretaría por actos de corruptelas se ha quedado corta, se tarda en los procesos, parece que la Función Pública en lugar de ser un órgano de vigilancia es parte de los títeres del titiritero, carece de todo movimiento y autonomía administrativa”.

 

 

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