Hasta las últimas consecuencias
Publicada el Jue, Jul 20, 2017

Por Alejandro Ledesma Solórzano.

A un mes de que se diera a conocer el espionaje ejecutado por el Gobierno federal, la noticia no ha dejado de causar revuelo e indignación en México y el extranjero, ya que el pasado 10 de julio, el diario estadunidense The New York Times dio a conocer que además de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, también el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), encargado de investigar la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en Ayotzinapa, fue blanco del maleware Pegasus.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos Hernández, señaló que el Gobierno federal está interviniendo comunicaciones de sus detractores de una manera antidemocrática, lo cual, además de violentar el Estado de Derecho, viola los Derechos Humanos.

“Frente a esta manera mediocre y pobre de ejercer la función federal, Acción Nacional llegará hasta las últimas consecuencias para no permitir que el gobierno de Enrique Peña Nieto invada la actividad de periodistas, defensores de Derechos Humanos y quienes trabajan en temas de transparencia y combate a la corrupción”, expresó.

Entrevistado por La Nación, el diputado federal apuntó que por conducto de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de la cual es integrante, la banca panista en San Lázaro solicitó información a casi 40 dependencias del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la adquisición y uso del software utilizado para la intervención de equipos informáticos o de comunicaciones, así como con los procedimientos legales y protocolos empleados para dichos fines.

“La información que el gobierno debe brindar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que no ha sido proporcionada aún, tiene el carácter de reservada conforme al artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional”, agregó.

En la postura firme de llegar hasta las últimas consecuencias, Jorge Ramos explicó que no se trata de un caso tradicional o típico de intervención telefónica, ya que refiere a una invasión total que tiene el dominio completo del aparato y permite entrar a la privacidad e intimidad de las personas.

“Ya formulamos más de 50 preguntas a las autoridades correspondientes y vamos a empezar a recibir a los afectados para crear un procedimiento dentro de la Comisión Bicameral para llegar a la verdad; a partir de ahí no vamos a permitir ni concesionar absolutamente nada hasta que se aplique la ley a los responsables”, apuntó.

El legislador albiazul enfatizó que si el gobierno no acredita, por lo menos ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que las personas que fueron intervenidas eran objetivos de seguridad nacional, se está ante un caso en el que presuntamente fueron desviados recursos públicos para fines distintos a los del interés nacional, lo cual podría constituir corrupción.

Indicó que conforme fluya más información, se vayan configurando las conductas ilícitas de servidores públicos y el Sistema Nacional Anticorrupción demuestre su eficacia se estará actuando en consecuencia.

El ex alcalde de Tijuana explicó que el gobierno mexicano puede solicitar al Poder Judicial de la Federación autorización para intervenir comunicaciones privadas, con base en lo dispuesto por la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, dijo, se está indagando si existe dicha solicitud por parte de las autoridades federales a los jueces sobre el uso de software para intervenir equipos de comunicación y si el Poder Judicial concedió esas autorizaciones.

El integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional resaltó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen en favor de las personas el derecho a la comunicación, privacidad de las comunicaciones e intimidad, y que México forma parte de estas convenciones internacionales.

“Intervenciones de esta naturaleza son propias de regímenes autoritarios y ajenas a las democracias modernas. Esperamos que las investigaciones parlamentarias que hemos impulsado arrojen luz sobre la verdad de estos hechos y que el gobierno mexicano, de ser el caso, pague las consecuencias”, comentó.

El legislador panista destacó que los diputados albiazules fueron los únicos que presentaron a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional una propuesta de programa de trabajo para dar seguimiento en forma sistemática y exhaustiva al caso de espionaje.

“Aspiramos a que la Comisión se reúna con los afectados, expertos, servidores públicos federales y con autoridades judiciales, y que haga uso de todos los recursos parlamentarios existentes para llegar al fondo de este caso. No nos mueve la prisa, sino la convicción de descubrir la verdad para asegurar que el Estado mexicano no dedicará sus recursos a entrometerse en la vida de los ciudadanos, en particular de aquellos que somos sus críticos”, externó.