Evitar que se edifique la impunidad sobre los escombros
Publicada el Mar, Oct 24, 2017

Por Alejandro Ledesma Solórzano.

A un mes del sismo del 19 de septiembre continúan las tareas para dejar atrás los efectos de la lamentable catástrofe. Concluidas las labores de rescate, decenas de damnificados han denunciado y exigido a las autoridades actuar con todo el peso de la ley contra aquellos que, de algún modo, cometieron homicidio doloso, fraude específico y uso ilegal de atribuciones en la emisión de licencias de uso de suelo y construcción, entre otros delitos.
Al respecto, el Vicecoordinador del GPPAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, consideró que frente a la tragedia la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no ha actuado con suficiente celeridad, puesto que también “ellos tienen la oportunidad de establecer en el ámbito local una mesa de trabajo con la Procuraduría Capitalina para dar con los responsables”.
Al puntualizar en el caso de la delegación Benito Juárez, en donde dos de los 13 edificios que colapsaron son de construcción reciente, el también integrante de la Comisión Permanente destacó la denuncia penal presentada por el Jefe Delegacional, Christian von Roehrich, para que se les imputen delitos a las constructoras Canada Building Systems México S.A. y Dijon S.A.P.I.
Aseguró que hasta el momento no existe una mesa en el ámbito local que le dé a Von Roehrich celeridad y garantía de que la procuraduría capitalina actuará con diligencia para encarcelar a quienes abusaron de la confianza y ocultaron información a la delegación, puesto que, de acuerdo con dictámenes, dichas edificaciones ubicadas en Emiliano Zapata 56 y Bretaña 90 fueron construidas con material de baja calidad y no se apegaron a las normas de construcción.
“Tampoco existe una mesa local coordinada con INVEA y con instancias de SEDUVI para saber qué grado de responsabilidad tienen las administraciones delegacionales pasadas, y respecto a los damnificados, ellos tampoco tienen una instancia clara para ver hacia adelante ni otra para castigar al pasado”, refirió.
En cuanto a la responsabilidad que compete a la autoridad, el diputado federal apuntó que ésta en principio recae en el gobierno de la Ciudad de México, ya que es quien se encarga de expedir las licencias de construcción y certificar a los directores responsables de obra (DRO), quienes acreditan la seguridad de las edificaciones.
Asimismo, indicó que en esta “trilogía satánica”, como él la llama, en el grado de responsabilidad quien le sigue es el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), organismo descentralizado que encabeza Meyer Klip Gervitz y que fue creado durante el gobierno de Marcelo Ebrard para verificar y supervisar el uso de suelo.
Por último, dijo, están las delegaciones, a las que únicamente les compete el ámbito de protección civil y revisión de planos.
“Es mayor la carga política en el ámbito central, pero los tres de alguna forma son responsables”, añadió.
El panista comentó que muchos desarrolladores inmobiliarios construyen de manera fácil y abusiva en la ciudad, ya que comúnmente, al presentar su queja, el vecino por desconocimiento acude a su delegación, en donde muy posiblemente no obtendrá una solución y termine por no recurrir a las estancias del gobierno central encargadas de las obras.

Iniciativa para desaparecer la SEDUVI
Federico Döring destacó que en la Constitución de la CDMX presentó una iniciativa para desaparecer la SEDUVI y así distribuir sus atribuciones entre otras autoridades para tener un modelo de desarrollo urbano de la ciudad, elaborado por expertos en la materia y con representación de los ciudadanos.
“A inicios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, la SEDUVI estaba encabezada por el desarrollador inmobiliario Simón Neumann Ladenzon, como decimos coloquialmente: la Iglesia en manos de Lutero”.
Asimismo, precisó que con dicha iniciativa también se buscaba establecer nuevas reglas en materia de suelo y fortalecer junto con las delegaciones al vecino frente a su autoridad, “la propuesta no contó con el respaldo necesario para progresar y ningún punto se quiso discutir por partidos como Morena, quien tenía de diputada constituyente a Elvira Daniel, hija de un importante desarrollador inmobiliario”.
Finalmente, como Vicecoordinador del GPPAN en la Cámara de Diputados reafirmó el compromiso y la prioridad que tiene la bancada albiazul en San Lázaro de concentrarse en la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción por 60 mil millones de pesos, provenientes de recortes en el Gobierno federal, poderes Judicial y Legislativo, así como en los órganos autónomos.
“La bolsa inicial para la reconstrucción y ayuda a damnificados es una propuesta que viene respaldada no sólo por Acción Nacional, sino por otras fuerzas políticas dentro del Frente Ciudadano por México”, concluyó.

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