Ética, Presupuesto y Austeridad
Publicada el Jue, Oct 24, 2019

Por Marco Antonio Adame Castillo.

“El nacimiento de un modelo económico y político mejor debe, hoy más que nunca, partir de un cambio existencial y moral más profundo de la sociedad”: Vaclav Havel

Un requisito para el desarrollo armónico y equilibrado de una sociedad es la gestión responsable de los recursos públicos en atención a las prioridades nacionales, con particular énfasis a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o marginalidad. Esta es una obligación moral que todos los políticos deberían de cumplir.

Hoy sigue siendo vigente la advertencia que hacía Efraín González Morfín de que “México exige solución al problema de los campesinos mexicanos, desarrollo en la agricultura, distribución justa de los buenos resultados del crecimiento y si la política se corrompe y sigue con fines egoístas y mezquinos, en vez de atender al bien común, jamás habrá reforma económica”[1].

Hablar de una gestión responsable de los recursos públicos implica poner a la persona humana en el centro de todas las consideraciones y buscar siempre el mayor bien posible en todas las medidas que se implementen.

En la administración del presidente López Obrador ha cobrado importancia en su discurso populista el tema de la “austeridad”. Todos estamos de acuerdo en que no queremos lujos y excesos en la administración pública, pero una austeridad mal llevada, especialmente en cuanto a políticas económicas y en los servicios de salud, puede tener graves consecuencias.

Hace más de setenta años los economistas Milton Friedman y Franco Modigliani habían prevenido que el consumo privado puede reaccionar de inmediato al anuncio de un recorte permanente en el gasto público. Y de acuerdo a Alberto Alesina, ex director del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, “un recorte en el gasto público reduce la demanda, por lo que desencadena una disminución en la producción, que a su vez reduce el PIB y el ingreso privado, generando un efecto multiplicador. Esto se debe a que los efectos recesivos directos de un recorte en el gasto público reducen el consumo privado, lo que se traduce en una caída adicional en la producción y, por lo tanto, en el PIB y los ingresos. Y la reducción en la demanda agregada también disuade las inversiones al afectar las ventas de las empresas”.[2]

Si bien el investigador italiano sostiene que cuando la austeridad es necesaria y se retrasa, la percepción de una crisis prolongada puede empeorar la confianza y aumentar la incertidumbre[3]. También considera que los gobiernos deberían implementar políticas de austeridad cuando su costo potencial sea más bajo y “uno podría pensar que este es el caso cuando la economía está creciendo, no cuando está en recesión”.[4]

Durante la actual administración nuestra economía ha tenido pronósticos de crecimiento cada vez menores, provocados tanto por el contexto internacional como por medidas irresponsables promovidas por el presidente. El pronóstico más reciente fue el de la calificadora Moody’s que el 14 de octubre recortó las previsiones de crecimiento del PIB real para México a 0.2 por ciento en 2019. Por lo que según lo expuesto éste no sería el escenario apropiado para medidas de austeridad y mucho menos si son mal implementadas.

En su libro Por qué la austeridad mata, David Stuckler de la Universidad de Oxford y Sanjay Basu de la Universidad de Stanford, analizan los efectos en el desarrollo y la salud cuando los gobiernos aplican medidas de austeridad en contextos de recesión económica. La conclusión a la que llegan es que las medidas de austeridad durante la recesión provocan desempleo y ralentizan la economía, y en muchos casos llevan a la indigencia. Las consecuencias en el sector salud son especialmente graves, pues incluyen un aumento en la mortandad infantil, suicidios y drogadicción.

En cambio, en los casos analizados, cuando los gobiernos apostaron por paquetes de estímulos y el fortalecimiento de los sistemas de salud y protección social, dicho gasto impulsó el crecimiento económico y los efectos en salud fueron mejores que en los países donde hubo recortes.[5]

Pero ¿qué tan bien están implementadas las medidas de austeridad de la 4T? ¿Se puede hablar de austeridad cuando por un lado se dan recortes, pero por otro se regalan 100 millones de dólares para tres países de Centroamérica?

¿Se puede hablar de una austeridad bien implementada cuando la austeridad ha provocado un desabasto de medicamentos y falta de tratamientos afectando principalmente a pacientes diabéticos, hipertensos y con cáncer?

¿Es realmente austeridad cuando en educación hay recortes a programas importantes y las universidades no tienen presupuestos que alcancen a cubrir su déficit de 34 mil 286 millones de pesos, pero en cambio se incrementan los montos a programas de subsidio directo como el programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar, el programa de Becas Elisa Acuña y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior? Esto no es austeridad sino reasignación de recursos a programas de subsidios que buscan beneficios electorales.

Este tipo de programas distan mucho de los servicios de los países nórdicos que el presidente López Obrador en repetidas ocasiones ha sostenido que quiere implementar. En Suecia, Finlandia y Dinamarca a este tipo de programas los denominan “pasivos” que difieren de los programas “activos” que promueven que los beneficiarios trabajen por mejorar su situación. Un claro ejemplo es el Programa de Mercado Laboral Activo de Suecia y su similar en Finlandia llamado Työhön que significa “pongámonos a trabajar”.

Estos programas, además del subsidio, impulsan la recontratación de los trabajadores que han quedado desempleados, los cuales han demostrado que a la larga sus beneficios económicos superan con mucho los costes, ya que aumentan la productividad de los trabajadores y reducen su dependencia de los sistemas de protección social.

En torno a esta “austeridad”, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones constitucionales en materia de remuneración de servidores públicos para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente. Como si los funcionarios de bajos ingresos, o la gente en general, se beneficiara con esta medida. La gente quiere ganar más, no que se iguale a todos en la pobreza.

El Partido Acción Nacional deberá de estar atento para que en esta administración se cumpla con una administración pública responsable, lo cual ocurre cuando, como sostenía Alcide de Gasperi, las instituciones públicas adoptan una configuración equilibrada y eficiente, ajena a pretensiones de instrumentación, para establecer y consolidar una legalidad fundamentada sobre valores éticos.[6] Lo que debe primar es el desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos con especial atención de aquellos que más necesitan.

 

Marco Antonio Adame Castillo es Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.

Twitter: @MarcoAdame

 

[1] Rodríguez Prats, Juan José, La Congruencia Histórica del Partido Acción Nacional, pp 122-123

[2] Austerity When It Works and When It Doesn’t, Alberto Alesina, Carlo Favero, and Francesco Giavazzi, Princeton University Press, New Jersey, 2019, p.19

[3] Austerity When It Works and When It Doesn’t,  Alberto Alesina, Carlo Favero, and Francesco Giavazzi, Princeton University Press, New Jersey, 2019, p. 17

[4] Ibid, p. 6

[5] David Stuckler y Sanjay Basu, Por qué la austeridad mata: el coste humano de las políticas de recorte; Taurus, Madrid, 2013

 

[6] San Miguel Pérez, Enrique; Ser Socialcristiano hoy, Konrad Adenauer Stiftung, p 19

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