División de poderes, pesos y contrapesos
Publicada el Lun, Abr 22, 2019

Por Marco Antonio Adame Castillo.

Uno de los motivos de la fundación del Partido Acción Nacional fue la decepción por las promesas incumplidas tras la Revolución Mexicana. Después de la acumulación de poder, la Revolución le “hacía justicia” únicamente a los miembros de la cúpula, mientras que el pueblo seguía en condiciones de miseria.

El 2 de octubre de 1927, siendo presidente Plutarco Elías Calles, Manuel Gómez Morin escribió una carta en la cual describió esta decepción afirmando que nuestra nación había sido “traicionada en los afanes del pueblo, que ha sido cínicamente engañado con un malabarismo de palabras revolucionarias: que después de pelear y sufrir, ve escamoteadas las promesas de mejoramiento y de libertad y se encuentra con una miseria cada día creciente, con una tiranía cada vez mayor y con una corrupción que no tiene límites”.[1]

Tras las elecciones del 1 de julio de 2018 la ciudadanía otorgó a MORENA la Presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, así como mayoría en 20 de los 32 Congresos estatales tras creer en las promesas de que este partido impulsaría los cambios necesarios. No obstante, vemos cómo las promesas siguen sin cumplirse y que la principal prioridad del gobierno es la de sacar adelante sus programas populistas para aumentar su popularidad y lograr una mayor concentración de poder para perpetuarse, sin importar el dejar de lado proyectos y programas necesarios para el desarrollo del país.

En lo que se refiere al Poder Judicial, el grupo parlamentario de MORENA en el Senado recientemente propuso aumentar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), creando una Sala encargada de atender el “combate de la corrupción” y modificar el Consejo de la Judicatura Federal para “adelgazarlo” con el argumento de que “se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso”.

Sin embargo, el grupo mayoritario NO busca el combate a la corrupción. De verdaderamente perseguir el combate a la corrupción, este grupo parlamentario, que tiene mayoría en el Senado, ya hubiera elegido a los 18 magistrados anticorrupción que siguen sin nombramiento desde 2017. No obstante, esto no ha sucedido y ha sido necesario que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le ordenara al Senado, el pasado 4 de abril, realizar las designaciones, ya que están incumpliendo su obligación constitucional de dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La propuesta de MORENA tampoco persigue la austeridad. Su propuesta es onerosa, pues al sumar cinco magistrados esto representará un incremento estimado de 45 por ciento del costo operativo para una función que sólo representa el 0.43 por ciento de los asuntos atendidos por la SCJN. Según datos del periódico Reforma, de 1995 a la fecha de los cerca de 8 mil asuntos promedio que recibe anualmente la SCJN únicamente 35 son referentes a la responsabilidad de servidores públicos.

Si realmente al grupo mayoritario le interesara el combate a la corrupción debería enfocarse en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ha sido diseñado para este objetivo y aún requiere de muchas acciones para consolidarlo, asegurando su autonomía y eficacia.

La propuesta del oficialismo tampoco busca incorporar una función faltante al Máximo Tribunal, ya que éste no tiene como objetivo el perseguir la corrupción como primera instancia, sino el defender el orden establecido por la Constitución y mantener el equilibrio de Poderes. Si a la SCJN se le dieran funciones de legalidad se atentaría contra los medios de control necesarios en el sistema judicial, ya que la única posibilidad de controlar la constitucionalidad de sus decisiones sería un recurso ante el Pleno. Nuevamente la solución es el funcionamiento pleno del Sistema Nacional Anticorrupción.

Detrás de la propuesta de MORENA está la pretensión de debilitar las instituciones y desdibujar la división de poderes para lograr el control de uno de los ámbitos que hoy se escapa de su rectoría.

En la lógica de la concentración de poder es previsible que el titular del Ejecutivo tienda a aumentar su influencia. Es por ello que las constituciones democráticas establecen mecanismos escalonados para los nombramientos de los ministros con el fin de evitar que un presidente pueda hacerse de una mayoría.

En el caso de México la Constitución establece que los ministros durarán en su cargo 15 años, con lo cual se logra que un presidente tenga una capacidad limitada para designar a los ministros de la corte. La SCJN se compone de 11 magistrados, de los cuales dos fueron nombrados por el presidente en turno: el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra Yasmín Esquivel Mossa, y el relevo más próximo sería el del ministro José Fernando Franco en diciembre de 2021, sumando así tres nombramientos afines al Poder Ejecutivo.

De concretarse la propuesta de MORENA para el 2021 el presidente contaría con la mitad de la Suprema Corte, controlando así los tres Poderes del Estado y no existirían contrapesos ni equilibrio de poder.

Si bien corresponde al Senado el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, el Ejecutivo es el responsable de nombrar las ternas, pero de no ser aprobadas por mayoría calificada tras dos intentos en el Senado, el presidente tendrá la facultad de elegir a voluntad a los ministros dentro de sus ternas propuestas.

Para consolidar nuestra democracia es evidente que el Poder Judicial requiere de reformas con el fin de garantizar su eficacia, transparencia y autonomía. En 1994, el presidente Zedillo promovió una reforma profunda del Poder Judicial, no obstante, en los 25 años transcurridos hemos sido testigos de muchas deficiencias estructurales y de la urgente necesidad de una serie de cambios que garanticen su adecuado funcionamiento.

Pero la historia se repite y así como en 1927 Manuel Gómez Morin denunciaba, hoy también se engaña al pueblo con un malabarismo de palabras, las promesas no se cumplen y la única pretensión del gobierno populista es la de asegurarse el poder. Debilitar la división de poderes o acabar con los contrapesos constitucionales atenta contra el sistema democrático, por lo que los legisladores del Partido Acción Nacional estaremos atentos para defender nuestra democracia y el Estado de Derecho.

 

Marco Antonio Adame Castillo es Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.

Twitter: @MarcoAdame

[1] Krauze Enrique, Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, Siglo XXI Editores, décima edición, p 251

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