Carece México de una política que combata al crimen
Publicada el Jue, Dic 17, 2020

Por Sergio Rodríguez Colín.

El 1 de diciembre se cumplieron dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dos años en que el país se ha visto inmerso en un sinfín de fallas y malas decisiones en todos los rubros, dígase economía, salud, seguridad, combate a la pobreza, pero sobre todo, se ha mostrado como un gobierno insensible y frío ante la necesidades ciudadanas.

En esta ocasión analizaremos el abandono, por parte del gobierno de MORENA, del combate a la delincuencia organizada y a la impartición de justicia. Recordemos que al inicio de su gestión, el presidente decidió llevar a cabo la estrategia de “Abrazos no balazos”, campaña que se ha significado como un rotundo fracaso, pues tan sólo en 24 meses su gobierno ha sido calificado como el más violento de la historia reciente de México, con más de 56 mil delitos de homicidios dolosos.

Al respecto, la Secretaria de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, Adriana Dávila Fernández, señaló que el presidente desde el inicio de su sexenio tomó la decisión de abandonar el combate a la delincuencia organizada y aliarse de manera institucional con ésta, tal y como lo han demostrado diversos hechos que ponen en peligro al Estado mexicano.

“Lo digo con todo conocimiento y causa. Las omisiones de este gobierno son evidentes, no sólo cometió un delito el presidente cuando deja ir a Ovidio Guzmán, sino que da un mensaje al país de que aquí los cárteles están dominando el territorio”, sostuvo en entrevista vía telefónica con La Nación.

Y es que basta recordar que el 17 octubre de 2019, tras la detención de Ovidio Guzmán, el Cartel de Sinaloa demostró tener la capacidad de doblegar al gobierno mexicano, pues luego de horas de combate en contra de las fuerzas armadas y de sembrar el pánico en la ciudad de Culiacán, el grupo delincuencial logró la liberación del hijo del “Chapo” Guzmán, arrodillando de esta forma al Ejército mexicano y al mismo Jefe del Ejecutivo.

Pero este no es el único hecho donde se evidencia la inacción del Gobierno federal para combatir a los grupos criminales, ya que en junio de 2020, en pleno Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, una célula de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG ) atentó en contra del Secretario de Seguridad de la capital del país. Al respecto, el presidente afirmó que su estrategia contra el crimen no usará “balandronas” como “declarar la guerra” o violar los derechos humanos.

Días después de esta declaración, julio de este año, el CJNG circuló por redes sociales un video que muestra a elementos de este grupo criminal exhibiendo vehículos, armamento y retando de forma clara al Estado mexicano.

“El entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, da una entrevista en La Jornada, en ocho columnas, diciendo que se va pero que ya los territorios no son dominados por los cárteles. Yo no sé en qué país debe vivir él porque su propio estado, Sonora, u otros estados de la República, están dominados por los cárteles de las drogas, que han intensificado y diversificado sus formas de delinquir”, subrayó Dávila Fernández.

Al retomar el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, la legisladora por el estado de Tlaxcala rememoró que meses después el propio presidente aceptó que él fue quien dio la orden para liberarlo, a lo que se sumó el famoso saludo a la mamá del “Chapo” y que coincidió con el cumpleaños del nieto.

“El presidente es muy de símbolos, esos son sus símbolos para decir dónde están sus alianzas, lo cual es muy grave porque la gente está indefensa, no sabe hacia dónde acudir. Hay algo que es evidente, la falta de una política criminal, es decir, no tenemos política de combate al crimen, ya que en más de 11 documentos que han emitido para el tema de seguridad, nunca, pero nunca, se menciona a la delincuencia organizada, pareciera ser que hay un pacto”.

Va PAN por un cambio de estrategia

En estos dos años de la administración lópezobradorista, Acción Nacional ha planteado reiteradamente corregir la estrategia para combatir la inseguridad por medio de propuestas que sugieren la desmilitarización gradual de la seguridad del país, más recursos para fortalecer a las policías estatales y municipales, así como combatir los delitos que más le duelen a los ciudadanos como el robo, el asalto y el secuestro.

Dichas recomendaciones, que se han llevado a la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, han sido ignoradas por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, pues de acuerdo con la diputada Adriana Dávila, las comisiones no sirven para nada, solamente para complacer los caprichos del Presidente, quien ha pedido todas las reformas y sus bancadas se las han concedido todas.

“Las comisiones de la Cámara de Diputados no sirven para nada, debo decirte que lamentablemente a pesar de que hay voluntad en los partidos de oposición, el diálogo se rompió, hay un diálogo cancelado por instrucciones presidenciales; es muy frustrante la forma en que se ha disminuido la posibilidad de plática, de diálogo, de alternancia y de pluralidad, es muy triste ver como las instituciones se están demeritando”.

Guardia Nacional, un desastre

La ex Secretaria de Vinculación con la Sociedad del CEN del PAN indicó que en el tema de seguridad, especialmente, Acción Nacional no quiso ser egoísta y aprobó una Guardia Nacional que lamentablemente ni esta profesionalizada ni capacitada, además de que no tiene los niveles para hacer, por ejemplo, inteligencia o tener una coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Cabe apuntar que en solo 23 de los 93 municipios con mayores tasas de homicidios dolosos en México hay despliegue permanente de la Guardia Nacional. Aunado a lo anterior, en los primeros nueve meses de 2020, la Guardia Nacional recibió 209 quejas por violaciones a los derechos humanos.

“Se invirtió mucho dinero para capacitar a muchos servidores públicos que ahora forman parte de la Guardia Nacional y que podían hacer trabajo de inteligencia, pero se desperdician ahora porque se les va a arrinconar a convertirse en receptores de enojo social en este país y en la detención de migrantes; los yerros en este cuerpo de seguridad no sólo tienen que ver con la violación a los derechos humanos, también en la propia modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”.

Feminicidios no dejan de crecer

Adriana Dávila Fernández acusó al presidente de ser el presidente de unos cuantos, ya que a las mujeres las ha castigado, pues ha eliminado todos los programas para su protección, desde los productivos para mujeres indígenas y rurales hasta los programas que tienen que ver con sus propios mecanismos de prevención, así como la falta de colaboración con los refugios que atienden a las mujeres, la capacitación y formación de los ministerios públicos para atender con perspectiva de género.

Es importante señalar que durante la pandemia se exacerbó la violencia en contra de las mujeres, ya que lamentablemente diariamente son ejecutadas 11 mujeres, 3 de ellas en razón de su género. En 23 meses de gobierno de López Obrador mil 864 mujeres han sido víctimas de feminicidio.

“Para el Presidente no existimos, las mujeres hemos sufrido los mayores retrocesos de los últimos meses, pero lo más grave de la llegada al poder de MORENA es la ruptura del diálogo, no se han dado cuenta que los grandes avances que se construyeron en este país se hicieron a través de la pluralidad y ellos se niegan a la pluralidad”.

La legisladora tlaxcalteca informó que mientras con el gobierno morenista el feminicidio aumentó en un 13 por ciento en estos dos primeros años, el PAN propuso la creación de una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio.

“Tenemos también una reforma constitucional al artículo 73, además de la Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio, que sigue durmiendo el sueño de los justos y que se han negado a discutir”, concluyó.

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