Caótico octubre
Publicada el Jue, Oct 29, 2020

Por Humberto Aguilar Coronado.

El mes de octubre de este totalmente atípico 2020 ha resultado, desde mi punto de vista, el más grave para la vida institucional de México desde el inicio de la pandemia.

Consistentemente, durante estos días de octubre, se presentaron sucesos que no sólo presagian sino que confirman nuestra entrada definitiva a la más obscura incertidumbre y desconfianza.

Inauguramos octubre con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió que la materia de la consulta popular solicitada por el presidente de México para juzgar a los ex presidentes era conforme a la Constitución.

Para poder alcanzar esa conclusión, la mayoría de los ministros que votaron en contra del proyecto de inconstitucionalidad de la ponencia de Luis María Aguilar, echaron mano de diversos argumentos.

Cada uno sustentó su voto en distintas hipótesis: se consulta el rumbo de la política criminal del Estado, dijo el ministro presidente; se trata de un tema de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, a los ojos de Yazmín Esquivel y Pérez Dayán; Ortiz Mena consideró que la consulta se refería a las facultades del Ejecutivo Federal para analizar el desempeño de los titulares de la Presidencia; para González Alcántara la consulta pretende construir un marco institucional para esclarecer decisiones políticas del pasado y Ríos Farjat aseguró que el error del proyecto era confundir la pregunta con la materia de la consulta, por lo que era necesario separar la materia de la consulta de la propia pregunta.

Claramente todos estos esfuerzos interpretativos estaban dirigidos a salvar la prohibición contenida en el artículo 35 de la Constitución que impide las consultas sobre materias relacionadas con Derechos Humanos y las garantías para hacerlos efectivos.

Se trataba de negar que la consulta fuera sobre un tema de carácter penal (juicios penales a ex presidentes), materia que se basa de manera central en los Derechos Humanos de víctimas e imputados, y descubrir alguna otra materia sobre la que pudiera desahogarse. Cuando concluyeron que no era una consulta sobre la materia penal no tuvieron más remedio que modificar la pregunta.

Mucha tinta ha corrido con motivo de este galimatías constitucional. Sin embargo, lo grave, lo que debe preocuparnos cuando imaginamos el futuro, es el hecho de que la Suprema Corte comprometió su credibilidad. 

Desde 1994 los esfuerzos institucionales fueron construyendo –lenta pero consistentemente- un Poder Judicial confiable.

Los mecanismos de integración, las protecciones constitucionales y legales para los jueces frente al poder político y, sobre todo, sus sentencias, fueron dotando poco a poco a la Corte de mayores niveles de confianza ciudadana.

La estrategia frontal del ministro presidente para erradicar la corrupción en el seno del Poder Judicial y combatir su proverbial nepotismo fueron recibidas con entusiasmo social y reconocidas como un pendiente central del Estado Mexicano.

La invitación del presidente López Obrador para que la reforma al Poder Judicial Federal se generara desde una iniciativa construida por ese órgano estatal, anunciaba una relación de respeto y la consolidación de la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, la resolución del tema de la consulta popular develó la otra cara de la moneda. Es cierto que ya habíamos visto indicios: la prisión preventiva decretada contra Rosario Robles a pesar de que se le imputa un delito que no amerita la oficiosa y el laxo control jurisdiccional del caso Lozoya, mostraban a un poder judicial sumiso y obediente.

Así, la manifiesta declaración del ministro Zaldívar de que la resolución en torno a la consulta fue una respuesta política del órgano jurisdiccional, deja claro que la Corte respondió a una demanda presidencial bajo criterios políticos, lo que significa el derrumbe absoluto de las incipientes fortalezas de ese órgano y la inauguración pública de una nueva era en el Poder Judicial que renunció a su esencia para convertirse en aliado del presidente de México.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha acostumbrado desde hace muchos años a convivir con sentencias que se explican con razones políticas. Elecciones que se anulan o elecciones que se confirman respondieron a lo largo de su historia a criterios de conveniencia política.

Los casos de Monterrey y Guadalupe, en Nuevo León en la elección del 2018, son un magnífico ejemplo de cómo el Tribunal Electoral encontraba formas de complacer a los actores políticos con mayor capacidad de influencia o de presión política.

El nacimiento de tres nuevos partidos políticos y la negativa de registro a un cuarto que el Tribunal acaba de resolver, han sido interpretados como la obsequiosa decisión de agradar al presidente de México sin ponderar los derechos políticos de los ciudadanos. La confianza que inspira el TRIFE nunca ha sido sólida. Después de sus últimas resoluciones y frente al riesgo de que la fase poselectoral de este año repita los recientes criterios obsequiosos, el proceso electoral del 2021, el más grande de la historia de México, prende alarmas rojas.

La última institución con alto reconocimiento social, el Ejército Mexicano, recibió un golpe contundente desde la DEA estadunidense. La detención del general Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional, en Los Ángeles, California, acusado de vínculos con el narcotráfico, pega directamente en la línea de flotación de la estrategia anticorrupción del gobierno de López Obrador.

En medio de esta mega crisis de confianza vemos al presidente negando ciega y tercamente todo lo que pasa. Vemos al presidente negando corrupción y delincuencia en el seno del Ejército, vemos al presidente negando ciega y tercamente los rebrotes de COVID-19 que diagnostica su Secretario de Salud, vemos al presidente negando ciega y tercamente la legitimidad de las protestas por la extinción de los fideicomisos, vemos al presidente decidido a destruir la confianza que millones de mexicanos depositaron en él. Al Presidente se le cae el país de entre las manos.

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C

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