AMLO y los órganos constitucionales autónomos
Publicada el Jue, Feb 21, 2019

Por Fernando Rodríguez Doval.

México es un país pródigo en órganos constitucionales autónomos. Este diseño, novedoso en la política y el derecho comparado, desafía la teoría clásica de la separación de poderes, que afirma que la organización del Estado se divide en un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial que se equilibran y contrapesan entre ellos a fin de evitar la concentración de funciones en una sola persona, como ocurría durante los absolutismos previos a la ilustración liberal. Los órganos constitucionales autónomos son depositarios de funciones estatales que se busca especializar y transparentar ante la sociedad.

En México, los órganos autónomos han ido de la mano de nuestro proceso de democratización. En nuestra historia reciente radica su razón de ser: el régimen autoritario posrevolucionario concentraba una gran cantidad de funciones y atribuciones en el Presidente de la República, tanto constitucionales como metaconstitucionales. Cuando la credibilidad gubernamental se volvió nula, se hizo indispensable que varias de las atribuciones del Ejecutivo pasaran a manos ciudadanas, a fin de generar confianza entre los distintos actores políticos. Fue el caso, por ejemplo, del Instituto Federal Electoral, que comenzó a organizar elecciones sin la intervención del Secretario de Gobernación, como ocurría antes; o del Banco de México, que gracias a su autonomía se encargó de la política monetaria sin la injerencia de Palacio Nacional; o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pudo desempeñar su función con independencia frente a un régimen que, entre otras cosas, era acusado de reprimir a sus adversarios políticos; o del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), quien compila la información indispensable para poder diseñar correctas políticas públicas.

Posteriormente, se crearon órganos constitucionales autónomos para contar en ciertos ámbitos de la administración pública con entes especializados técnicamente y que ejecutaran atribuciones naturales del Estado sin sujetarse a los vaivenes de la coyuntura política y electoral. Surgieron así, entre otros, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, o la Comisión Federal de Competencia.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en la mira a los órganos constitucionales autónomos. Sin ninguna prueba ni evidencia empírica, el Presidente los ha acusado de “operar el saqueo, facilitar el robo y entregar contratos y permisos a empresas particulares”.

En la visión nostálgica y restauradora de AMLO no caben los órganos que equilibren al poder, que lo vigilen, que decidan sin someterse a sus designios. López Obrador añora los tiempos del Presidente fuerte, providencial, mesiánico, que decide con rapidez sin contrapesos y sin estorbos institucionales. Por eso es que en su visión los órganos autónomos son un gasto innecesario, algo que debe eliminarse del entramado institucional mexicano.

En tanto intenta llevar eso a cabo, el Presidente ha decidido debilitarlos a través de dos vías: la reducción presupuestal y la colonización. La primera ya está causando estragos en muchos de ellos, que al tener menos recursos se han visto obligados a eliminar plazas y sus funciones se han visto obstaculizadas; la segunda ha llegado a extremos grotescos como los que fuimos testigos con las bochornosas entrevistas en el Senado de quienes aspiran a integrar la Comisión Reguladora de Energía.

La política democrática implica negociación, compromiso, concesiones. Pesos y contrapesos. Controles y equilibrios. Pluralismo. Que algunas decisiones deban recorrer un largo y sinuoso camino institucional. Es el andamiaje que se ha construido en el mundo occidental para evitar el despotismo, la tiranía, la concentración de poder en unas solas manos. Para un populista impaciente que se considera llamado por la historia para construir una gran transformación, este proceso puede resultar intolerablemente frustrante. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos en nuestro país. Lo que está en juego, pues, es nada más y nada menos que la supervivencia de la política democrática. Así de claro.

 

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Estudios y Análisis Estratégico del CEN del PAN.

Twitter: @ferdoval

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