#AlertaBC
Publicada el Mie, Ago 21, 2019

Por Andrés Castro Cid.

 

El Coordinador Nacional Jurídico del Partido Acción Nacional, Raymundo Bolaños Azocar, consideró que la reforma electoral aprobada por el Congreso de Baja California, con el objetivo de extender de dos a cinco años el periodo de mandato del hoy gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, es inconstitucional y lo que busca es alimentar el proyecto personal del amigo cercano al Presidente de la República.

En entrevista con La Nación, aseguró que lo hecho en el Congreso local bajacaliforniano es arbitrario, ya que el legislativo estatal no tiene derecho a suplantar a un elector ni a otorgar un mandato superior al concedido en las urnas.

“El Congreso no tiene legitimidad ni facultades para erigirse como un gran elector que suplanta la voluntad de un ciudadano. Los diputados locales han hecho una legislación dirigida a una sola persona y ello impacta al sistema democrático, al sistema de partidos y al derecho ciudadano de ser votado, porque cualquier bajacaliforniano que cumpla con los elementos constitucionales tiene derecho a contender por la gubernatura en dos años”, insistió.

Bolaños Azocar recordó que el origen de la gubernatura por dos años nació de homologar un mandato de la Constitución federal, creado a partir de la reforma política-electoral de 2014, el cual hace que, al menos una de las elecciones por entidad federativa, fuera concurrente con las elecciones federales.

De esta forma, subrayó, el Congreso de Baja California determinó empatar la elección de gobernador con la elección intermedia en el 2021, lo que obligó a tener un mandato breve; esta disposición recae en la elección que se acaba de desarrollar, comicios que se celebraron con normas preestablecidas desde 2016.

En este marco, el coordinador jurídico blanquiazul anunció que Acción Nacional interpondrá una acción de inconstitucionalidad sólida para que cuando el decreto inconstitucional e ilegal sea publicado en dicho estado se actúe de forma inmediata, presentando la acción jurídica correspondiente.

 

“Estamos convencidos que vamos a ganar y llegar a buen puerto, puesto que creemos en la independencia del Poder Judicial y en la actuación profesional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, aseguró.

 

Alerta por parálisis en la Segob

Raymundo Bolaños explicó que el Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, tiene el mandato legal de coordinar y hacer cumplir el pacto federal, es decir, la Segob está obligada a dar gobernabilidad al pacto federal y en éste se incluye la soberanía de las entidades federativas, así como los alcances del Gobierno federal. Hasta hoy, aún con la violación flagrante que se tiene en la Constitución federal, el Ejecutivo no ha actuado, aun teniendo esta facultad y obligación.

Con respecto a una posible actuación similar del actual presidente López Obrador, el abogado panista aceptó que sí existe ese riesgo en la medida en que se generó este precedente en Baja California, de ahí que la decisión que tome la SCJN en torno a la “Ley Bonilla” será la más importante, por lo menos en la última década o quizá en toda su historia, debido a la tentación de un Ejecutivo Federal, con visos autoritarios, para perpetuarse en el poder.

 

Voces de La Nación

Sobre este mismo tema, el pasado miércoles 31 de julio, en la mesa de análisis “Voces de La Nación”, se trató el tema #AlertaBC donde el académico y director de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, José Pablo Abreu Sacramento, destacó que en esta reforma aprobada por el legislativo de Baja California existen violaciones al proceso legislativo, además de que se presentaron reformas en materia electoral que debieron realizarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral, lo que no pasó.

“En las contiendas electorales las autoridades deben dar certeza respecto a las reglas del juego, es decir, quienes participen en una elección deben saber con qué reglas se va a participar”, explicó el especialista en temas jurídicos.

Abreu Sacramento insistió en que no sólo se violó un procedimiento, sino que se trasgredieron los derechos de la ciudadanía de Baja California, como lo es su derecho a votar. “Los bajacalifornianos votaron a un gobernador por dos años y el Congreso del estado, más tres ayuntamientos, han decidido extender ese plazo para ejercer el gobierno sin consultar a la ciudadanía y saltándose las formas”.

Ante lo aprobado por el congreso bajacaliforniano, dijo, deben intervenir partidos políticos, el consejero jurídico y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer una acción de inconstitucionalidad y se dé marcha atrás a esta reforma que es a todas luces inconstitucional.

Por su parte, el Coordinador Jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azocar, explicó que las bases del sistema democrático en nuestro país apuntan a tener gobernantes que son electos a través del voto popular que debe ser auténtico, libre, secreto, directo y periódico.

Al finalizar el programa Voces de La Nación, el abogado panista acusó que los bajacalifornianos tienen derecho a votar de manera periódica y esta acción legislativa de los diputados locales los privan de este derecho y mandan la elección hasta el 2024.

Comentarios

comentarios