Agresiones y homicidios de periodistas en México
Publicada el Vie, Jun 16, 2017

Por Alejandro Ledesma Solórzano.

“Cuando un periodista quiere ejercer su labor en México debe aceptar que está jugando en un campo de batalla en el que tiene todas las de perder”, así lo consideró la Directora regional de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas.

La titular del organismo que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, lamentó en entrevista para La Nación el hecho de que el mayor perpetrador de las agresiones sea el propio Estado y que los casos de ataques, en su mayoría, queden impunes.

Detalló que en el 53 por ciento de las agresiones documentadas por Artículo 19 se identificó como agresor a algún agente del Estado, ya sea del nivel municipal, estatal o federal.

“En su mayoría, en el caso de 2016, son agentes estatales. De ese 53 por ciento más del 4 se identificó al crimen organizado como el principal agresor”.

Ana Ruelas señaló que en el país los periodistas están entre la plata o el plomo, están, dijo, frente a una violencia económica derivada del sistema económico que prevalece en los medios de comunicación, el cual depende del dinero público y eso afecta directamente a las líneas editoriales.

Tras conmemorarse el pasado 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, resaltó que México se enfrenta a una crisis tremenda, “a través de diferentes acciones bien articuladas, entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones, se están cerrando los flujos de información”.

La ex oficial del Programa de Derecho a la Información se dijo preocupada frente al panorama violento de cara a los comicios electorales de 2018.

“Será un proceso electoral muy complejo, en el que requerimos como sociedad tener mayor conocimiento sobre la grave crisis de derechos humanos que estamos viviendo y los altos niveles de corrupción a los que nos estamos enfrentando”, externó.

Recalcó que Artículo 19 ha denunciado una política articulada, en donde a través de instrumentos legales y mecanismos de violencia, inhiben y restringen los flujos de información; las agresiones contra la prensa son una de ellas.

“Hemos visto que a través de leyes se criminaliza la búsqueda y difusión de información, también vemos al Poder Legislativo restringir el espacio cívico, tanto en la vida ‘offline’ como en la vida ‘online’; además, nos hemos percatado de la regresión de algunas posiciones en el ámbito judicial que impiden que existan efectivos contrapesos que garanticen la libre expresión”, denunció.

Respecto al panorama internacional, la Directora regional de Artículo 19 apuntó que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, el tercero en el mundo y el más letal en zonas de no guerra.

“Hablamos de un país que se dice democrático, de libertades y, sin embargo, los periodistas se encuentran contra la pared, no pueden garantizar mayor información y pluralidad hacia la sociedad”, agregó.

En cuanto al asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, Ana Ruelas destacó que éste fue un punto de quiebre. Sin embargo, tras su muerte, en lo que va de diciembre a la fecha, se han registrado nueve asesinatos más y un sin número de agresiones a periodistas, mismas que siguen bajo el velo de la impunidad.

La defensora por los derechos de la libre expresión y el acceso a la información resaltó que Artículo 19 trabaja por ser una incidencia directa en las decisiones judiciales y legislativas, para mejorar el ambiente de la política pública en el ambiente de la libertad de expresión.

“México se merece voces libres y un espacio en el que la información fluya efectivamente, en ese sentido se enfoca nuestro trabajo. Por ello, la importancia de generar protocolos de seguridad y mecanismos de auto protección que disminuyan los niveles riesgo a los que se enfrenta la prensa y las amenazas a las que se enfrenta un periodista”.

Periodismo, fundamental para la democracia

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, destacó la importancia de la labor periodística, ya que es fundamental para la democracia y contribuye de manera directa a garantizar el derecho a la información.

“Es deber del Estado garantizar la vida, la seguridad y la integridad de las personas que ejercen el periodismo. Por lo tanto, es necesario que cuenten con la protección jurídica para desempeñar su labor de manera libre y segura”, expresó.

Consciente de que más de la mitad de las agresiones a periodistas son cometidas por servidores públicos del ámbito estatal y municipal, la legisladora albiazul urgió reforzar los mecanismos de protección a nivel local.

Por ello, el pasado 21 de febrero presentó dos iniciativas ante el Pleno de la Cámara de Diputados:

Una para reformar el artículo 7 Constitucional, con el fin de dar facultades al Congreso para legislar a nivel nacional y estatal, y elevar a rango constitucional la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

Y la segunda para expedir una Ley General de Protección exclusiva para Periodistas.

“Necesitamos una Ley General que permita involucrar a los tres órdenes de gobierno mediante una distribución de competencias adecuada para dar una solución al gremio periodístico y a la sociedad en su conjunto”, manifestó.

La UNESCO señala que los Estados modernos deben velar por los Derechos Digitales de las personas, el derecho a la Libertad de Expresión no debe limitarse a los medios tradicionales sino también a las nuevas tecnologías.

Por esta razón, dicha iniciativa atiende el principio de progresividad e incorpora los Derechos Digitales al derecho a la información y la libertad de expresión.

La iniciativa contempla también la derogación de los delitos de halconeo y los delitos contra el honor vigentes en 15 estados de la República, así como una reforma al artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la facultad de atracción de los delitos cometidos contra la libertad de expresión sea obligatoria para la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

Cabe mencionar que el 99.7 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, pues de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se han emitido tres sentencias.

“Es muy importante que se denuncien estos hechos, que no nos acostumbremos a la violencia y a la impunidad, ni como sociedad ni como gremio y mucho menos como servidores públicos o representantes populares”, concluyo la diputada federal.