Acción Nacional capacitó a las candidatas y candidatos a las diputaciones federales en materia de violencia política en razón de género en los procesos electorales, a fin de que cuenten con las mejores herramientas jurídicas para defender sus candidaturas.

La Presidenta de la Comisión de Atención a la Violencia Política en razón de género contra las mujeres, Joanna Torres, les explicó que el procedimiento especial sancionador es ideal para las campañas porque es sumario, dispositivo y preventivo, a fin de que rápido se resuelva y no cause un daño de imposible reparación, debe ser puntual en lo solicitado y se puede pedir a la autoridad retirar propaganda donde haya calumnia. En el auditorio Manuel Gómez Morin recordó que anteriormente se analizaba la violencia política de género a través de un protocolo nacional, replicado en lo estatal, que establecía un procedimiento que debían ejecutar varias autoridades y que fue realizado por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Víctimas y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Pero en legislación electoral o penal no venía una conceptualización, y a partir del 2019 surge una reforma constitucional que fue impulsada por muchas legisladoras de Acción Nacional para establecer la paridad como un principio, a fin de que más mujeres logren acceder al poder y a las tomas de decisión. Asimismo, se hacen una serie de reformas a las Leyes Generales. Detalló que, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia son: psicológica física, patrimonial, económica y sexual. Sin embargo, en la ley aún falta conceptualizar la violencia simbólica, la cual es muy importante porque se da en la vida política, como ser excluida de tomas de decisión a pesar de contar con el cargo o lenguaje incluyente. Y aunque se tienen instrumentos internacionales en la Ley General, no se encuentra establecido y por ello en este momento se está impulsando por parte de las legisladoras. En el ámbito público es cuando se ostenta un cargo público y donde no se te permite protestar en el cargo o a las síndicas o regidoras que no llaman cuando hay cabildo o ponen a consideración sus proyectos o no les dan la voz cuando quieren participar, esto se trata de violencia simbólica. En cuanto a las modalidades de violencia se refieren al campo de perpetración como es el caso de la política, en la familia, laboral, docente, comunitario e institucional.

La violencia política en razón de género es toda acción u omisión incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, y tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo del derecho político de una o varias mujeres, como votar y ser votada, libre desarrollo de la función pública, libertad de organización, etcétera. Todos pueden perpetrar la violencia política, desde un ciudadano hasta medios de comunicación. En las campañas, algunos de los ejemplos son señalar a la candidata más allá de su experiencia, sino cómo se viste, cuestiones morales, cuántos maridos ha tenido, de quiénes son sus hijos, etcétera. Asimismo, divulgar imágenes de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio es un punto específico que menciona la ley, al igual que realizar propaganda política que calumnie a una candidata basados en estereotipos de género, en donde generalmente atacan a las mujeres por apariencia, cuestiones sexuales o morales. Las responsabilidades en materia de violencia política de género pueden ser penales, electorales y administrativas, y por las tres vías se puede denunciar el mismo asunto. En lo penal a través de una denuncia y lo electoral se impugna a través de un procedimiento administrativo sancionador que se promueve ante el INE o un JDC ante el Tribunal, concluyó.